¿Por qué la caducidad no caduca?
Por Oscar Geymonat
La ley de caducidad es indefendible y atroz pero sabiéndolo o no, nos ha tendido una trampa de muy largo alcance. Sin los votos para su anulación se cerró este capítulo en la Cámara de Senadores anoche.
Por Oscar Geymonat
La ley de caducidad es indefendible y atroz pero sabiéndolo o no, nos ha tendido una trampa de muy largo alcance. Sin los votos para su anulación se cerró este capítulo en la Cámara de Senadores anoche.
Quizás visto desde fuera la pregunta resulte de difícil respuesta. ¿Hay un empecinamiento en mantener una ley que en un país de larga trayectoria democrática parece defender a quienes cometieron delitos de lesa humanidad? No todo es como parece. El cuarenta y nueve a cuarenta y nueve de la votación de anoche, con la ausencia nada cual de quien podría haber desempatado, no hizo triunfar un proyecto sobre otro, sólo impidió que el otro triunfara. Y el clima que se vivía esta madrugada al término de la sesión de once horas en la cámara de senadores era de un final sin ganadores ni festejos. El proyecto había sido aprobado hace menos de un mes por un voto en la cámara de diputados.
La “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado” aprobada a la salida de la dictadura parece habernos tendido una trampa de largo alcance. Fue defendida como una necesidad por quienes la aprobaron para un período en el que se agitaban fantasmas de revanchismo, de posibilidad de nuevo golpe de estado, de prolongación de la violencia. Hoy nadie la defiende, pero dos veces se ratificó en plebiscitos populares y todo intento de derogación tendría que pasar por encima de ellos. Juan Raúl Ferreira, hijo del histórico líder del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate es quizás un caso emblemático. En 1985 votó la aprobación de la ley de caducidad. Hoy lucha por su anulación. Y argumenta no haber cambiado de posición respecto a la necesidad de castigar la violación de los derechos humanos en cualquier momento de la historia. El presidente José Mujica o el renunciante diputado Eleuterio Fernández Huidobro, fundadores y líderes del Movimiento Tupamaro, sometidos a inhumanas condiciones de prisión durante más de una década, no defienden la ley de caducidad, pero se oponen con ganas y argumentos a la aprobación de una ley interpretativa que en los hechos significa su anulación. Argumentan que dada la historia de la ley y sus intentos de anulación, esta “ley interpretativa” está condenada a ser considerada inconstitucional y en pocas palabras, el remedio sería por lo menos más complicado que la enfermedad.
¿Y la razón? Parece hoy no estar enterita en la valija de uno de los bandos. Aparece más esquiva de lo que quisiéramos y la unidad del gobierno exige más esfuerzo del recomendable. Porque existe una ley que nos avergüenza como sociedad civilizada a esta altura del siglo XXI. Existen exigencias válidas de tribunales internacionales de derechos humanos que nos recuerdan los acuerdos que hemos firmados y que la más elemental conciencia humana exige. No es posible amparar por ley la tortura, la desaparición forzada, el robo de niños, el secuestro, el crimen. Y menos decir que se lo hace como forma de garantizar la convivencia armónica de una sociedad. Pero es cierto también que durante el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez fueron juzgados y encarcelados los principales dirigentes del golpismo y de la represión. Es cierto que la impunidad no es total como alguien podría pensar. Es cierto que se trabajó mucho para encontrar los intersticios de la ley para que la justicia pudiera alumbrar. Es cierto que se ha investigado y mucho. Y tengo la sensación de que la anulación de esta ley, que yo hubiera deseado y deseo que se haga por voluntad popular, hoy no aportará muchos más datos, investigaciones y castigos de los que ya existen.
La trampa es de largo alcance. La ley de caducidad es indefendible y atroz, pero fue ratificada por voto popular dos veces. Con un margen absolutamente mínimo y discutible, es cierto, porque todo tiene su interpretación. Pero lo fue.
¿Vox populi vox Dei? No me animo a decirlo así, pero comprendamos que es muy difícil para un legislador anular una norma con semejante peso aprobatorio, aunque sea en lo formal.
Nuestra lucha hoy debe estar encarada hacia la vigencia de principios básicos de convivencia, justicia y solidaridad. En ese marco creo que debemos discutir si esta ley, que sospecho hoy es más letra muerta que otra cosa, debe seguir manchándonos en papel o no. Yo desearía que nunca hubiese existido, pero existe. Desearía que nunca la hubiésemos aprobado en voto popular. Pero la aprobamos. El desafío es entender que la mayoría de quienes hoy no quieren anularla, no defienden la impunidad; buscan otros caminos para combatirla.
Más cierto que nunca es que la realidad no es en blanco y negro y que la escala de grises es bastante amplia.
La “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado” aprobada a la salida de la dictadura parece habernos tendido una trampa de largo alcance. Fue defendida como una necesidad por quienes la aprobaron para un período en el que se agitaban fantasmas de revanchismo, de posibilidad de nuevo golpe de estado, de prolongación de la violencia. Hoy nadie la defiende, pero dos veces se ratificó en plebiscitos populares y todo intento de derogación tendría que pasar por encima de ellos. Juan Raúl Ferreira, hijo del histórico líder del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate es quizás un caso emblemático. En 1985 votó la aprobación de la ley de caducidad. Hoy lucha por su anulación. Y argumenta no haber cambiado de posición respecto a la necesidad de castigar la violación de los derechos humanos en cualquier momento de la historia. El presidente José Mujica o el renunciante diputado Eleuterio Fernández Huidobro, fundadores y líderes del Movimiento Tupamaro, sometidos a inhumanas condiciones de prisión durante más de una década, no defienden la ley de caducidad, pero se oponen con ganas y argumentos a la aprobación de una ley interpretativa que en los hechos significa su anulación. Argumentan que dada la historia de la ley y sus intentos de anulación, esta “ley interpretativa” está condenada a ser considerada inconstitucional y en pocas palabras, el remedio sería por lo menos más complicado que la enfermedad.
¿Y la razón? Parece hoy no estar enterita en la valija de uno de los bandos. Aparece más esquiva de lo que quisiéramos y la unidad del gobierno exige más esfuerzo del recomendable. Porque existe una ley que nos avergüenza como sociedad civilizada a esta altura del siglo XXI. Existen exigencias válidas de tribunales internacionales de derechos humanos que nos recuerdan los acuerdos que hemos firmados y que la más elemental conciencia humana exige. No es posible amparar por ley la tortura, la desaparición forzada, el robo de niños, el secuestro, el crimen. Y menos decir que se lo hace como forma de garantizar la convivencia armónica de una sociedad. Pero es cierto también que durante el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez fueron juzgados y encarcelados los principales dirigentes del golpismo y de la represión. Es cierto que la impunidad no es total como alguien podría pensar. Es cierto que se trabajó mucho para encontrar los intersticios de la ley para que la justicia pudiera alumbrar. Es cierto que se ha investigado y mucho. Y tengo la sensación de que la anulación de esta ley, que yo hubiera deseado y deseo que se haga por voluntad popular, hoy no aportará muchos más datos, investigaciones y castigos de los que ya existen.
La trampa es de largo alcance. La ley de caducidad es indefendible y atroz, pero fue ratificada por voto popular dos veces. Con un margen absolutamente mínimo y discutible, es cierto, porque todo tiene su interpretación. Pero lo fue.
¿Vox populi vox Dei? No me animo a decirlo así, pero comprendamos que es muy difícil para un legislador anular una norma con semejante peso aprobatorio, aunque sea en lo formal.
Nuestra lucha hoy debe estar encarada hacia la vigencia de principios básicos de convivencia, justicia y solidaridad. En ese marco creo que debemos discutir si esta ley, que sospecho hoy es más letra muerta que otra cosa, debe seguir manchándonos en papel o no. Yo desearía que nunca hubiese existido, pero existe. Desearía que nunca la hubiésemos aprobado en voto popular. Pero la aprobamos. El desafío es entender que la mayoría de quienes hoy no quieren anularla, no defienden la impunidad; buscan otros caminos para combatirla.
Más cierto que nunca es que la realidad no es en blanco y negro y que la escala de grises es bastante amplia.
22de mayo de 2011
El autor es pastor de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata.
Reside en Juan Lacaze, Uruguay
Especial para ALC(RDF) Reflexiones - Dimensión de Fe Semanario Oficial de la Comunidad Dimensión de Fe, una Iglesia de todos y para todos... (Asociación La Iglesia de Dios) Pensamientos Reflexiones y Noticias que abordan temas actuales desde una perspectiva Teológica y Pastoral. Av. Juan B. Alberdi 5250 (Mataderos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
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